Procuradora de los Tribunales. Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.

Experiencia Profesional

Almudena Galán es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid e inicia el ejercicio de la profesión de procuradora en 1997, tras completar su formación en el despacho del Procurador de los Tribunales D. José Luis Ferrer Recuero, donde adquiere una sólida base práctica en la tramitación procesal y en el funcionamiento de los órganos judiciales. Cuenta con más de veinticinco años de ejercicio profesional ininterrumpido como procuradora de los tribunales, interviniendo en numerosos procesos judiciales y desarrollando una amplia experiencia en la gestión, impulso y seguimiento de procedimientos ante juzgados y tribunales.

Su práctica profesional le ha permitido especializarse en la tramitación de procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales, especialmente en el ámbito civil, mercantil, contencioso-administrativo y penal, así como en procedimientos relacionados con marcas, patentes y propiedad intelectual. A lo largo de su trayectoria ha trabajado de forma coordinada con numerosos despachos de abogados, prestando apoyo procesal en la gestión de procedimientos, control de plazos, tramitación de escritos y seguimiento de actuaciones judiciales.

En la actualidad colabora estrechamente con el despacho FV Procuradores de Madrid y, desde el año 2021, forma parte del Servicio de Representación Procesal del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, donde desarrolla labores de asesoramiento y asistencia jurídica al ciudadano, incluyendo visitas periódicas a centros penitenciarios para facilitar el acceso a la representación procesal. Con más de 25 años de experiencia profesional, su trayectoria se caracteriza por el rigor técnico, el seguimiento constante de los procedimientos y una atención cercana tanto a abogados como a clientes.

Representación procesal ante Juzgados y Tribunales en las siguientes jurisdicciones: 

Intervención en procedimientos del orden civil y mercantil, incluyendo litigios patrimoniales, responsabilidad civil, reclamaciones contractuales y procedimientos mercantiles. Asimismo, representación procesal en asuntos de derecho de familia, infancia y capacidad.

Actuaciones procesales ante los órganos de la jurisdicción penal, incluyendo procedimientos de instrucción, juicios penales, violencia de género, menores y vigilancia penitenciaria, conforme a la organización establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Representación procesal en procedimientos frente a la Administración Pública ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, incluyendo recursos contra actuaciones administrativas y procedimientos regulados en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Actuaciones ante la jurisdicción social en procedimientos relacionados con conflictos laborales, reclamaciones de cantidad, despidos y materias propias del ámbito laboral y de seguridad social.

Intervención en procedimientos cuya competencia corresponde a los Tribunales Centrales de Instancia, con jurisdicción en todo el territorio nacional y con secciones especializadas en materia penal, contencioso-administrativa, menores y vigilancia penitenciaria.

La Ley de Eficiencia Procesal 1/2025 introduce importantes cambios en la organización judicial, incluyendo la creación de los Tribunales de Instancia y el denominado requisito de procedibilidad, que incorpora medios adecuados de solución de controversias (MASC) como paso previo a determinados procedimientos judiciales.